Bolivia inicia un nuevo ciclo político y económico tras dos décadas de un modelo de fuerte protagonismo estatal que, si bien buscó proteger al trabajador, terminó limitando la inversión extranjera, desincentivando la formalidad y reduciendo el dinamismo del sector privado. La rigidez normativa, la carga administrativa y la incertidumbre jurídica se convirtieron en obstáculos estructurales para la creación de empleo y la competitividad.
Modernizar el trabajo para reconstruir la confianza
