En un año, Bolivia abrió su mercado de carbono: de la prohibición a la oportunidad de financiamiento verde. La Sentencia Constitucional 0040/2024 (junio 2024) anuló el artículo 32.5 de la Ley 300, que vedaba la “mercantilización” de funciones ambientales, por violar el derecho a un ambiente sano y la primacía de tratados como Kioto y el Acuerdo de París.

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